El superintendente del Sistema Financiero, Gustavo Villatoro, interpuso este día una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extitular de la institución, José Ricardo Perdomo Aguilar, quien ejerció en el período de 2014 a 2019, con el fin de que se investiguen posibles actos arbitrarios cometidos durante su gestión, los cuales pueden ser constitutivos de delito.

Durante el período en el que Perdomo estuvo al frente de la SSF, se aprobaron múltiples contrataciones, pero la mayoría no cumplía con el perfil establecido para los cargos. En 2017, por ejemplo, se contrató a María Ernestina Chávez de Lorenzana, cónyuge del entonces secretario técnico y posteriormente de Comunicaciones y Gobernabilidad, del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Francisco Roberto Lorenzana Durán.

La esposa de Roberto Lorenzana fue contratada por orden directa de Perdomo, y hasta se creó la plaza “coordinador administrativo” para poderla incorporar. Además, se fijó un salario mensual de $2,500, arriba del promedio para el perfil del cargo creado, por un período determinado.

La contratación se llevó a cabo sin que existiera un requerimiento previo del área administrativa que justificara la necesidad de ese puesto. Ya que su cargo era innecesario, fue trasladada para desempeñar actividades de apoyo en el Departamento de Servicios Generales.

 

Luego en 2018, se firmó —sin justificación— un nuevo contrato para Chávez de Lorenzana, pero esta vez dejándolo para un plazo indeterminado.

Como consecuencia de este acto arbitrario, la Superintendencia ha sido afectada en su patrimonio, al tener que pagar $112,500 en obligaciones laborales por emplear a la esposa del exsecretario Lorenzana, quien separada de sus funciones en esta institución

Recién esta Superintendencia recibió una resolución de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenando el reinstalo de la esposa de Lorenzana, para ocupar el mismo cargo y con el mismo salario.

“Esta es una muestra del impacto de las actuaciones arbitrarias de los gobiernos anteriores, que afectan a toda la población del país, ya que estos son fondos que nos hacen falta, no solo para trabajar en proyectos que mejoren y hagan más accesibles los servicios financieros, sino que también con ese dinero hubiéramos creado un fondo para 25 jóvenes talentos, pagándoles $400 mensuales por un año; mejorando así, las condiciones de vida de nuestra gente”, afirmó el superintendente Villatoro.

Asimismo, reiteró su solicitud a la FGR de hacer todo lo que se considere necesario y urgente, para la investigación respectiva de estos hechos, que tanto han perjudicado la disponibilidad de los recursos de la institución.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, sigue activo en su lucha por denunciar las actuaciones cuestionables de funcionarios que se aprovecharon de sus cargos para drenar los recursos públicos.

31 de agosto de 2020