El superintendente del Sistema Financiero, Gustavo Villatoro, interpuso este día otra denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extitular de la institución, José Ricardo Perdomo Aguilar, quien ejerció en el período de 2014 a 2019, para que se investiguen posibles actos arbitrarios cometidos durante su gestión, los cuales pueden ser constitutivos de delito.

A raíz de una investigación realizada internamente en la institución, se ha ido descubriendo que, en el período ejercido por Perdomo, se aprobaron múltiples contrataciones realizadas de manera irregular, favoreciendo a familiares de funcionarios del Gobierno anterior, como fue el caso ya denunciado de María Ernestina Chávez de Lorenzana, cónyuge del exfuncionario del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Francisco Roberto Lorenzana.
A esta contratación irregular, se suma la del familiar cercano del ex−Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, Allan Leonel Sánchez Villalta, quien fue contratado en 2018 por orden directa del extitular, para desempeñar el cargo de Asistente Administrativo por un período determinado, con un salario de $718.

Al igual que en el caso de la esposa del exsecretario, Lorenzana, la contratación de Allan Sánchez, se llevó a cabo sin que existiera un requerimiento previo del área administrativa que justificara la necesidad de ese puesto, por lo que únicamente se hizo para favorecerle.

 

Asimismo, sin haber finalizado el plazo, después de seis meses y sin ninguna justificación, se firmó un nuevo contrato, dejando su cargo para un período indeterminado.

Luego en 2019 – sin motivo alguno- por medio de un agregado al contrato, se le aumentó el salario a casi $1 mil, trasladando su cargo al departamento de Servicios Generales, con el agravante de no cumplir con el grado académico idóneo, ni tener los conocimientos técnicos, ni experiencia laboral requerida para desempeñar la función que le fue creada.

A consecuencia de esta otra irregularidad, la Superintendencia ha tenido que sufragar gastos elevados de obligaciones laborales de más de $35 mil, por este puesto que nunca ha sido necesario, perjudicando el destino de los recursos de la institución.

 “Seguiremos denunciando estas actuaciones arbitrarias de abuso de autoridad que hemos descubierto, las cuales muestran el aprovechamiento de los fondos públicos de la institución, para beneficios propios de los funcionarios del Gobierno anterior”, afirmó el Superintendente Villatoro.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, tiene el firme compromiso de mejorar la institucionalidad, devolviendo a las instituciones la misión por la que fueron creadas, siendo el eje de todas sus acciones, el bienestar de toda la población salvadoreña.